El 23 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa «C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data» (FLP 7640/2019/CS1). Revocó una decisión de la Cámara Federal de La Plata y ordenó a la empresa dos cosas: eliminar una publicación anónima que señalaba a un estudiante universitario como «abusador» e informar la identidad de quienes administraban las cuentas desde las que se difundió.
El caso enfrenta la libertad de expresión, el discurso sobre violencia de género, el anonimato en internet y los derechos al honor, la intimidad y la defensa. Para leerlo bien hay que tener en cuenta un dato: los tres jueces que firmaron coincidieron en la solución, pero cada uno lo hizo con su propio voto y con fundamentos distintos.
Los hechos
Un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata promovió una acción de hábeas data contra Facebook Argentina S.R.L. En una cuenta de Facebook llamada «Comisión de Género de la FaHCE», y en una de Instagram llamada «comisiondegeneros», se había publicado un texto sin firma, con su nombre y su fotografía. El texto lo acusaba de prácticas violentas y abusivas en el marco de una relación de pareja con una compañera, cuya identidad no se revelaba.
El actor pidió que se suprimieran las publicaciones. También pidió que la empresa informara la identidad de los titulares de las cuentas, el correo electrónico asociado, la dirección IP y otros datos, para poder iniciar después una demanda por daños. La Universidad había aclarado que esas cuentas no constituían un espacio institucional.
Las instancias anteriores
El Juzgado Federal de La Plata n° 4 hizo lugar a la demanda. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata la revocó: entendió que la publicación era un discurso de «denuncia política» sobre un asunto de interés público, que el actor no era una persona privada porque se había presentado como militante social y que, ante la duda sobre si un discurso de género tiene interés público, debía resolverse a favor de su protección constitucional.
Lo que decidió la Corte
La Corte declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia de Cámara e hizo lugar a la demanda. Dispuso que, en el plazo que fije el juez de primera instancia, la empresa elimine las URL individualizadas, si todavía están disponibles en Facebook e Instagram, e informe la identidad del titular de ambas cuentas y todo otro dato que le resulte posible obtener para ese fin. Impuso las costas a la demandada.
Firmaron los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Los tres llegan a esa misma solución, pero por caminos distintos.
Tres votos, tres fundamentos
El voto que encabeza la sentencia (juez Rosatti): la modalidad del discurso
El voto parte de reconocer que la violencia de género «reviste un claro interés público». Pero agrega que ese carácter «no puede conducir a avalar cualquier modalidad de discurso y/o información de esa naturaleza», ni consentir que se lesionen otros derechos de igual jerarquía, como la intimidad, el honor o el derecho de defensa en juicio y debido proceso (consid. 7°).
Califica la publicación como «una suerte de “escrache público virtual”»: un texto sin firma que identifica al presunto victimario con nombre y fotografía. Y aclara que lo decisivo no es si lo publicado es cierto o falso, sino la modalidad utilizada (consid. 8°).
El voto no descalifica el anonimato. Lo reconoce como herramienta para denunciar situaciones de violencia de género, por la asimetría inicial entre presunto victimario y presunta víctima, y admite que puede ser «un buen comienzo (o un comienzo aceptable)». Pero sostiene que no puede llevarse al límite de impedir el derecho de defensa, con mayor razón cuando la denuncia no se traduce en algún momento «en una denuncia administrativa o judicial, que asegure un proceso imparcial» (consid. 9°). La falta de datos mínimos verificables para defenderse, concluye, «vulnera el debido proceso en sentido amplio» (consid. 10).
Por último, señala que haberse presentado como «militante social» no convierte al actor en figura pública ni le hace perder la protección reforzada propia de un ciudadano común (consid. 11).
El voto del juez Rosenkrantz: intimidad y discurso anónimo
Rosenkrantz critica que la Cámara haya «creado una categoría particular de discurso» y concebido el discurso de género como de interés público per se. Sostiene que la importancia del discurso sobre violencia contra las mujeres, como la de cualquier otro discurso de trascendencia social, no es razón para aplicar de un modo diferente las pautas que la Corte usa para resolver la tensión entre libertad de expresión e intimidad (consid. 9°).
Encuadra el caso como una invasión a la intimidad. Por eso considera que no es aplicable la doctrina de la real malicia ni es relevante la verdad o falsedad de lo difundido (consid. 12). Que un tema sea de interés público en general no autoriza a exponer en redes los detalles de una relación sentimental y de la vida sexual de una persona: «Debe haber una relación directa entre la información concreta y el interés público» (consid. 14). Recuerda además que la Ley 26.485 prevé vías para formular denuncias administrativas, policiales o judiciales preservando la identidad de las presuntas víctimas, y que la propia UNLP tiene un protocolo de actuación en la materia.
Su voto contiene el desarrollo más extenso sobre el anonimato. Afirma que el discurso anónimo está, como principio, protegido por la libertad de expresión (consid. 16 y 17), pero que esa protección tampoco es absoluta: «Si el derecho a permanecer anónimo fuese absoluto, no habría posibilidad de defensa alguna ante la calumnia, la injuria o la invasión de la intimidad» (consid. 18). En el caso no encontró razones para mantener el anonimato, como el riesgo de represalias contra el autor. También advirtió que no se trataba de revelar la identidad de la víctima de un delito (consid. 19).
El voto del juez Lorenzetti: protección reforzada de las denuncias y tutela preventiva
El voto de Lorenzetti llega a la misma solución con un énfasis diferente. Sostiene que las denuncias sobre violencia de género «merecen una protección superior a la mínima, por su trascendencia humana, social, institucional y legal». Esa protección no es absoluta: puede generar responsabilidad si la denuncia es «falsa, o genérica, o destinada a descalificar el honor de una persona sin fundamento alguno». Pero agrega que la protección fuerte que concede la ley «no permite ignorar la denuncia mediante un simple desplazamiento porque se la considera genérica» (consid. 5°).
Para este voto, la cuestión de fondo (si la publicación fue una denuncia legítima o una falsa acusación) queda para otro proceso, que solo puede tramitarse si se conoce quién es el autor (consid. 2° y 5°). Por eso aclara que la entrega de los datos «no supone anticipar juicio alguno sobre la eventual responsabilidad del titular de la cuenta», sino remover el obstáculo que el anonimato representa para el derecho de defensa y el acceso a la justicia (consid. 10).
Sobre la condición de persona pública, sostiene que en el siglo XXI tener presencia en redes o participar en actividades colectivas no implica renunciar a la privacidad, y que quien pretende restringir un derecho fundamental es quien debe dar las razones para hacerlo (consid. 7°). Funda la orden en la tutela preventiva del art. 1711 del Código Civil y Comercial (consid. 8°). Y se apoya en la regla de la apariencia jurídica para no exigir al usuario que distinga entre las distintas sociedades del grupo empresario (consid. 11).
En qué coinciden los tres votos
- Participar en una agrupación o presentarse como militante social no convierte a un ciudadano común en figura pública.
- Ni la libertad de expresión ni el anonimato gozan de una protección absoluta cuando colisionan con el honor, la intimidad y el derecho de defensa.
- Cuando no hay razones válidas para mantener el anonimato, la persona afectada puede obtener los datos que permitan identificar al autor, como presupuesto para ejercer sus derechos.
Lo que el fallo no dice
Conviene no atribuirle al fallo más de lo que resolvió:
- No declaró falsas las acusaciones. El voto que encabeza dice expresamente que no está en juego la verdad o falsedad de lo publicado. El de Lorenzetti deja esa cuestión para el eventual juicio de responsabilidad.
- No resta protección a las denuncias de violencia de género. Los tres votos reconocen la relevancia pública del tema. El de Lorenzetti afirma que esas denuncias merecen una protección reforzada, y el que encabeza valora el anonimato como herramienta inicial de denuncia.
- No fija una doctrina única. Como cada juez votó con sus propios fundamentos, no hay una mayoría que respalde un mismo razonamiento. Al citarlo, lo correcto es atribuir cada argumento al voto que lo contiene, y no presentarlo como doctrina de la Corte.
- No establece reglas probatorias para otros procesos. Se trata de una acción de hábeas data sobre publicaciones en redes sociales. Su proyección a otros ámbitos, como los procesos de familia o los penales, es a lo sumo analógica.
Por qué importa
El fallo confirma que el hábeas data sirve no solo para suprimir contenidos lesivos, sino también para obtener de las plataformas los datos que permitan identificar a quien publica desde una cuenta anónima. Además, distingue entre dos cosas: la denuncia que se canaliza por vías institucionales, donde hay un proceso con garantías para ambas partes, y la acusación difundida en redes sin autor identificable, frente a la cual el acusado no tiene ante quién defenderse.
Para quien se vea afectado por una publicación de ese tipo, el fallo ofrece una vía concreta. Para quien necesite denunciar una situación de violencia, recuerda que existen canales legales que protegen su identidad. Y para el debate jurídico, deja planteada una discusión abierta entre los votos: si el discurso sobre violencia de género merece una protección reforzada (Lorenzetti) o si debe evaluarse con las mismas pautas que cualquier otro discurso (Rosenkrantz).
Fuente: CSJN, «C., F. c/ Facebook Argentina SRL s/ hábeas data», FLP 7640/2019/CS1, sentencia del 23 de septiembre de 2026. Las citas corresponden al texto íntegro de la sentencia.
